Tijuana, Baja California, 22 de mayo de 2023.- Con las reformas hechas a la Ley de Movilidad Sustentable y Transporte del estado de Baja California, se ha definido con mayor claridad la responsabilidad que le corresponde en la materia a los gobiernos federal, estatal y municipal, mismas que armonizan la legislación de la entidad con la que se rige el resto del país. 

Al respecto, el director del Centro de Innovación y Gestión Ambiental A.C. (CIGA), José Carmelo Zavala Álvarez, señaló que una de las modificaciones más relevantes se encuentra en el artículo 5 de la ley, incluye la consideración de un ambiente sano en la movilidad sustentable. Esta adición es de suma importancia, ya que reconoce la necesidad de preservar un ambiente saludable en el desarrollo de las actividades de transporte.

Asimismo, en el artículo 7 se establece una definición de transporte público sustentable en Baja California, que incluye la característica de inocuidad ambiental, entre otras, en tanto el artículo 8 de la ley otorga competencia de vigilancia a las policías municipales y estatales, así como a los inspectores de movilidad. 

“Una de las cosas que en el anterior programa de verificación vehicular no se pudo hacer, era la inspección y vigilancia desde los municipios por los gobiernos locales y entonces eso daba como papel muerto” comentó el ingeniero bioquímico quien además puntualizó que la Norma Oficial Mexicana 044 se ve fortalecida con las herramientas que ahora están disponibles para garantizar su cumplimiento. 

En relación a estas reformas, es necesario mencionar la importancia de contar con verificentros que cumplan con las regulaciones establecidas y contribuyan a la generación de espacios sanos. Estos son responsabilidad del gobierno estatal en primera instancia, por lo que recae en él la responsabilidad de garantizar que operen de manera efectiva y cumplan con los estándares de calidad. 

Esto implica considerar la implementación de rutas de bajas emisiones, así como la promoción del uso de combustibles más limpios, como el gas natural y posteriormente la electricidad, en lugar de los combustibles más contaminantes como la gasolina o el diésel.

“Así como se decretó una saturación de transporte público en el bulevar Díaz Ordaz- Agua Caliente, también puede decretarse en ese mismo concepto en esa analogía para la creación de rutas de bajas o cero emisiones, para su implementación en zonas donde están más intensas y eso significa el uso de transporte que funcione con combustibles más limpios”.

Zavala Álvarez consideró que es fundamental que el gobierno de Baja California, reflexione sobre propuestas de financiamiento, como la ofrecida por el Banco de Desarrollo de América del Norte (NADBank), que promuevan el uso de combustibles más limpios en lugar de retroceder en términos de sustentabilidad. 

El director del CIGA reiteró que las modificaciones en los artículos 5, 7, 8 y 81 de la Ley Estatal de Movilidad Sustentable en Baja California reiteran y fortalecen las competencias y responsabilidades del gobierno estatal en la implementación de acciones concretas para garantizar un ambiente sano y la salud pública. 

Dentro de estas acciones mencionó la importancia de que el programa de verificación vehicular sea no recaudatorio y que destine los ingresos generados a mejorar la calidad del aire y la situación ambiental en general, así como lo crucial que es asignar presupuesto y recursos para la implementación efectiva de la ley, garantizando así el cumplimiento de las regulaciones y la protección del medio ambiente.

Agregó que, si bien estas reformas son un paso importante en el camino hacia una movilidad sustentable y la protección del medio ambiente en Baja California, es fundamental reconocer el papel del Congreso en este proceso y que no basta con tener una legislación actualizada ya que también se requiere asignar un presupuesto adecuado que respalde la implementación y aplicación efectiva de la ley.

“Es necesario que el Congreso asuma su responsabilidad en términos de asignación de recursos para garantizar el cumplimiento de las regulaciones establecidas. No se trata solo de tener una ley en papel, sino de brindar los recursos necesarios para llevar a cabo las acciones concretas que promuevan la movilidad sustentable y mejoren la calidad del aire en el estado”, destacó el integrante del grupo LEAD por el Colegio de México. 

Finalmente, puntualizó que la Ley Estatal de Movilidad Sustentable tiene el potencial de generar un impacto significativo en la protección del medio ambiente y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Sin embargo, para lograr resultados tangibles, es fundamental que se asignen los recursos adecuados y se implementen políticas concretas que promuevan una movilidad sustentable en el estado.