Tijuana, Baja California, 17 de abril de 2023.- Luego del buen trabajo realizado por la delegación ambiental mexicana para superar las sanciones que la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, (CITES, por sus siglas en inglés) impuso a México por las pocas acciones para combatir la extinción de la Vaquita Marina, es momento de seguir con acciones que cumplan los estatutos para la preservación de especies.
Para José Carmelo Zavala Álvarez, director del Centro de Innovación y Gestión Ambiental A. C. (CIGA), es importante que la legislación mexicana no baje la guardia en materia de preservación del medio ambiente, ya que hay tratados que no están siendo tomados en cuenta adecuadamente y de no atenderse pueden traer consecuencias igual de perjudiciales que la situación recientemente librada.
“El capítulo 24 del Tratado de Libre Comercio (T- MEC) que se refiere a la temática ambiental, tiene también un procedimiento de elaboración de expedientes, de hechos y eventualmente de sanciones, así como un panel de controversias sobre el país que no cumpla su propia legislación ambiental, y en ese sentido, en México tenemos mucha área de oportunidad, por decirlo de una forma diplomática, pues sabemos que es ineficiente”, destacó.
México tiene una larga historia de no cumplir con su legislación ambiental en diferentes leyes, reglamentos, normas oficiales mexicanas que, están en el papel y que no se cumplen ni se hace un esfuerzo por lograrlo. El recordatorio de la presencia de estos tratados volvió a relucir ante una reciente solicitud que podría derivar en sanción.
“Hace apenas tres días se presentó la solicitud de expediente de hechos, que es el principio del proceso de sanción para la producción de agave tequilero en Jalisco, ya que no cumple con la legislación ambiental mexicana, esa es la queja”, puntualizó el ingeniero bioquímico.
Refirió que un ejemplo similar ocurrido en esta entidad hace unos meses, es la solicitud de expediente de hechos presentada hacia la planta de tratamiento de aguas residuales El Gallo, en el municipio de Ensenada, que al igual que la planta Punta Bandera y muchas otras que operan en Baja California, no cumplen con las normas oficiales mexicanas y como consecuencia generan playas cerradas por los altos niveles de contaminación a causa de los derrames de aguas negras.
Otro ejemplo es el incumplimiento de la Norma Oficial Mexicana 044 sobre calidad de aire y máximos permisibles en los automóviles, regla que solamente puede cumplirse si hay centros de verificación vehicular que son un servicio para la ciudadanía y dependen del gobierno del estado, pero que no se implementan por distintas razones.
“En la frontera se hace más sensible el no cumplimiento de nuestra propia legislación ambiental, no es la ley de ambiental de Estados Unidos ni la de Canadá; nuestras propias reglas, estamos obligados a cumplirlas en nuestro territorio, pues si el Congreso las aprobó, los ejecutivos hicieron el reglamento, las normas de seguridad y no lo hacemos”.
El experto ambiental pidió no ver el T-MEC como un espacio amenazante, ya que representa una oportunidad para motivar a las autoridades a destinar presupuesto de forma adecuada y jerarquizada y dejar de lado los presupuestos raquíticos que actualmente destinan al área de medio ambiente, que, si bien en Baja California ya se cuenta con una Secretaría, sigue manteniendo un presupuesto de una sub-dependencia.
Finalmente, hizo un exhorto generalizado a las autoridades de todos los niveles a trabajar en cumplir los convenios firmados en el T-MEC, ya que, los temas ambientales pueden convertirse en una buena motivación para mejorar en este aspecto, en lugar de verlos como una amenaza al comercio entre México, Estados Unidos y Canadá.